Jaque a las ‘green cards’: La excusa de la ‘carga pública’


Agencias / Cortesía | 5/31/2018, midnight
Jaque a las ‘green cards’: La excusa de la ‘carga pública’
PRESIÓN. Cualquier persona que esté utilizando, o haya usado en los 36 meses anteriores, un beneficio gubernamental no monetario será considerada una ‘carga pública’ y, por lo tanto, será inadmisible para vivir en este país. Muchos inmigrantes tendrán miedo de ir al médico. |

E l concepto ‘carga pública’ (public charge) surgió en una ley de inmigración de 1882, época en la que el Congreso de la Unión buscó prohibir la permanencia en el país de inmigrantes considerados ‘idiotas’ o ‘lunáticos’ o que podrían convertirse en una carga financiera para el Gobierno Federal.

EL DATO

Alrededor de tres millones de personas recibieron la residencia permanente entre el 2014 y el 2016.

Con base en esa norma, la Administración Trump ya adelantó que impulsará un cambio sustancial en la política migratoria para desalentar a los inmigrantes que solicitan la residencia permanente a utilizar los servicios de salud respaldados por el Gobierno Federal.

Para los detractores del plan, éste sería un intento por hacer que las familias inmigrantes sientan que no pertenecen a este país, obligándolas a elegir entre satisfacer las necesidades humanas básicas con servicios proveídos con dinero federal o poder reunirse con sus familiares en el mediano plazo.

Según un borrador del controvertido plan (publicado por The Washington Post) un inmigrante legal podría tener problemas para obtener la residencia permanente (‘green card’) si usa, o ha usado en el pasado reciente, Medicaid, CHIP, WIC, cupones de alimentos, subsidios para pagar un plan médico del Obamacare, y otros beneficios no monetarios que otorga el gobierno. Incluso, si un niño que es ciudadano recibe beneficios, eso podría poner en riesgo las posibilidades de un padre de obtener una residencia legal. El uso de estos beneficios por parte de un cónyuge, un padre dependiente o un hijo también serían tomados en cuenta.

De concretarse el plan de la Administración Trump, los cambios afectarían a las personas patrocinadas por un familiar que sea ciudadano o residente; a la mayoría de los inmigrantes con visas de trabajo; a los inmigrantes con visas de diversidad y a ciertas personas no-inmigrantes. Los refugiados y asilados no serían afectados.

Los defensores de la salud pública dicen que esta norma generaría miedo en un grupo amplio de inmigrantes, que podrían optar por no usar cobertura de salud respaldada por el Gobierno Federal, algo que, aseguran, crearía problemas de salud pública que podrían ser terribles.

Al cierre de esta edición, varios centros de salud comunitarios en todo el país informaban que los pacientes inmigrantes y sus hijos ya están optando por dejar los programas públicos, y están limitando la utilización de los servicios de atención médica para no ser perjudicados.